¿Conoces la Ley para la Proteccíon de las Familias, La Maternidad y la Paternidad?

LEY PARA PROTECCIÓN DE LAS FAMILIAS, LA MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD

Capítulo I: Disposiciones Generales

Objeto

Artículo 1.-	La presente Ley tiene por objeto establecer los mecanismos de desarrollo de políticas para la protección integral a las familiar, la maternidad y la paternidad así como promover prácticas responsables ante las mismas, y determinar las medidas para prevenir los conflictos y violencia intrafamiliar, educando para la igualdad, la tolerancia y el respecto mutuo en el seno familiar, asegurándole a todas y todos sus integrantes una vida digna y su pleno desarrollo en el marco de una sociedad democrática, participativa, solidaria e igualitaria. Principios
Artículo 2.-	Las disposiciones de la presente Ley se basan en los principios de justicia, igualdad y no discriminación, solidaridad, corresponsabilidad, responsabilidad social, participación, celeridad, eficiencia y eficacia. Definición
Artículo 3.-	A los efectos de esta Ley, se entiende por familia, la asociación natural de la sociedad y espacio fundamental para el desarrollo de sus integrantes, constituida por personas relacionadas por vínculos, jurídicos o de hecho, que fundan su existencia en el amor, respeto, solidaridad, compresión mutua, participación, cooperación, esfuerzo común, igualdad de deberes y derechos, y la responsabilidad compartida de las tareas que implican la vida familiar.  En tal sentido, el padre, la madre, los hijos e hijas u otros integrantes de las familias se regirán por los principios aquí establecidos.

El Estado protegerá a las familias en su pluralidad, sin discriminación alguna, de los y las integrantes que la conforman con independencia de origen o tipo de relaciones familiares.  En consecuencia el Estado garantizará protección a la madre, al padre o a quien ejerza la responsabilidad de las familias.

Criterios para acceder a programas de apoyo familiar

Artículo 4.-	A los fines de acceder a programas de apoyo familiar, serán considerados una o varias de las siguientes circunstancias de vulnerabilidad: 1.      Ingresos insuficientes para cubrir las necesidades alimentarias básicas. 2.      Limitado acceso a servicios de salud. 3.      Niños, niñas y adolescentes huérfano de padre y madre, y los no incorporados al sistema educativo formal. 4.      Enfermedad grave o fallecimiento de la persona responsable del grupo familiar. 5.      Problemas graves de salud de algún o algunos integrantes de las familias que requiera atención especial. 6.      Partos múltiples. 7.      Embarazo de adolescente. 8.      Exposición a riegos ambientales tales como: hacinamiento, vivienda inadecuada o sin servicios básicos; cercanía a lugares donde se desarrollen actividades contaminantes de carácter industrial, agrícola o de otra naturaleza. 9.      Situaciones de conflicto y violencia intrafamiliar. 10.   Las demás que establezca el ministerio del poder popular con competencia en materia de desarrollo y protección social mediante resolución. El ministerio del poder popular con competencia en materia de desarrollo y protección social coordinará con los consejos comunales, el proceso de identificación a las familias que se encuentren en los supuestos a que se refiere el presente artículo, y determinará la procedencia y modalidad de apoyo que corresponda, con base en estudios sociales pertinentes. Igualdad de derechos y deberes entre los y las integrantes de las familias
Artículo 5.-	El principio de igualdad de derechos y deberes entre las y los integrantes de las familias constituye la bese del ejercicio del principio de la responsabilidad compartida y la solidaridad familiar, y su cumplimiento contará con el apoyo del Estado y sus órganos; y promoverán políticas, programas, proyectos y acciones dirigidas  a apoyar dichos principios. Participación de los consejos comunales
Artículo 6.-	Los consejos comunales, con el apoyo de organismos públicos y de la sociedad organizada, elaborarán, financiarán y desarrollarán proyectos sociales de las familias de su comunidad, especialmente en el área de salud, educación, vivienda, recreación y deporte tendiente a promover el ejercicio de los derechos consagrados en esta Ley. Promoción del programa de familias sustitutas
Artículo 7.-	El Estado promoverá la participación de las familias en los programas de familias sustitutas, incentivando la sensibilización y su formación para el cumplimiento de dicha corresponsabilidad con el Estado, en el marco de los principios de solidaridad social.

Los consejo comunales incentivarán la incorporación de las familiar de su comunidad a los programas de familiar sustitutas promovidos por los órganos competentes.

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Capítulo II: De la Protección Socio Económica

Inamovilidad laboral del padre

Artículo 8.-

El Padre, sea cual fuere su estado civil, gozará de inamovilidad laboral hasta tanto un año después del nacimiento de su hijo o hija, en consecuencia, no podrá ser despedido, trasladado o desmejorado en sus condiciones de trabajo sin justa causa, previamente calificada por el Inspector o Inspectora del Trabajo. En los procedimientos en materia de inamovilidad laboral previstos en la legislación del trabajo solo podrá acreditarse la condición de padre mediante el Acta de inscripción del niño o niña en el Registro Civil o en el Sistema de Seguridad Social. La inamovilidad laboral prevista en el presente artículo se aplicará a los padres, a partir de la sentencia de adopción de niños o niñas con menos de tres años de edad En caso de controversia derivados de la garantía prevista en el presente artículo, en las cuales estén involucrados funcionarios públicos, éstas serán dirimidas por los tribunales con competencia en lo contencioso administrativo  funcionarial. Licencia de paternidad

Artículo 9.-

El padre disfrutará de un permiso o licencia de paternidad remunerada de catorce días continuos, contados a partir del nacimiento de su hijo o hija, a los fines de asumir, en condiciones de igualdad con la madre el acontecimiento y las obligaciones y responsabilidades derivadas en relación a su cuidado y asistencia. A tal efecto, el trabajador deberá presentar  ante el patrono o patrona el certificado médico de nacimiento del niño o niña, expedido por un centro de salud público o privado, en la cual conste su carácter de progenitor.

En caso de enfermedad grave del hijo o hija, así como de las complicaciones graves de salud, que coloque en riesgo la vida de la madre, este permiso o licencia de paternidad remunerada se extenderá por un periodo igual a catorce días continuos. En caso de parto múltiple el permiso o licencia de paternidad remunerada prevista  en el presente artículo será de veintiún días continuos. Cuando fallezca la madre, el padre del niño o niña tendrá derecho a la licencia o permiso postnatal que hubiere correspondido a ésta. Todos los supuestos especiales deberán ser debidamente acreditados por los órganos competentes.

El trabajador a quien se le conceda la adopción de un niño o niña con menos de tres años de edad también disfrutará de este permiso o licencia de paternidad, contados a partir de que lamisca sea acordada por sentencia definitivamente firme por el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Los permiso o licencias de paternidad no se renunciables y deberán computarse a

los efectos de determinar la antigüedad del trabajador en la empresa, establecimiento, explotación o faena.  Cuando un trabajador solicite inmediatamente después  del permiso o licencia de paternidad las vacaciones a que tuviera derecho, el patrono o patrona esta en la obligación de concedérselas.

La licencia de paternidad será sufragada por el sistema de seguridad social.

Protección a las familias de los pueblos y comunidades indígenas

Artículo 10.-	El Estado reconoce las diversas formas de organización familiar y sistemas de parentesco de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad a su cosmovisión, usos, prácticas, costumbres, tradiciones, valores, idiomas y formas de vida de cada pueblo y comunidad indígena. El Estado, a través de los entes y organismos con competencia en la materia, apoyará estas formas de organización familiar originaria a través de programas dirigidos a lo preservación de sus usos y costumbres y al fortalecimiento de su calidad de vida familiar. Todos los planes, proyectos, programas y actividades dirigidos al bienestar de las familias, la maternidad y la paternidad indígenas deben ser consultados con los pueblos y comunidades indígenas a los fines de que ejerzan su participación protagónica de conformidad con el procedimiento de consulta establecido en la ley que regula la materia. La protección integral de las familias, la maternidad y paternidad indígenas se regirá por la Constitución, la presente Ley y demás leyes vigentes sobre la materia. La protección integral de las familias, la maternidad y paternidad indígenas se regirá por la Constitución, la presente Ley y demás leyes vigentes sobre la materia. Educación y capacitación
Artículo 11.-	La madre y el padre o la persona que tenga la responsabilidad de las familias tienen el deber de educarse y capacitarse para su participación en actividades socioproductivas, par alo cual el Estado, a través de diversos incentivos, promoverá su incorporación a programas educativos y de capacitación. A los fines de apoyar el desarrollo sustentable de las familias, el Estado a través de los órganos competentes en materia de educación y economía social promoverá la crecen y fortalecimiento de formas asociativas de economía social productiva. Programas de alimentación
Artículo 12.-	Con el fin de erradicar la mal nutrición en las familias, afectadas por desnutrición y obesidad, el Estado garantizará programas de alimentación a través de los ministerios del poder popular con competencia en la materia.  Las familias, los consejos comunales y otras formas de organización social, velarán por el cumplimiento eficaz y eficiente de esta disposición. Corresponsabilidad en materia de salud
Artículo 13.-	El Estado, en corresponsabilidad con las familias y la sociedad, promoverá programas y proyectos dirigidos a garantizar los servicios de atención de su salud familiar. Los consejos comunales ejercerán la contraloría social y colaborarán en la promoción de los programas de salud. Acciones en situaciones de emergencia, desastres naturales y epidemias
Artículo 14.-	En casos de desastres naturales, epidemias y otros acontecimientos similares, las acciones orientadas a garantizar la seguridad familiar corresponde al Estado.  Las familias y la sociedad organizada, participarán en acciones solidarias dirigidas a garantizar la salud y seguridad de las comunidades en estas situaciones. Programas de cultura, turismo y recreación
Artículo 15.-	Los ministerios del poder popular, y demás instancias  de gobierno con competencia en la materia, ejecutarán planes, proyectos y actividades que fomenten y garanticen el disfrute de los programas culturales de turismo y recreación, orientados al fortalecimiento de los nexos familiares y que correspondan al amplio espectro de necesidades sociales, espirituales y culturales tanto de descanso, como artísticas, físicas e intelectuales para la cual el Estado

con la participación de las familias y la sociedad, contemplará políticas de financiamiento para garantizar el disfrute de estos derechos.

Programas Deportivos

Artículo 16.-	El Estado, en sus distintos niveles de gobierno, promoverá planes, proyectos y programas dirigidos al desarrollo de actividades deportivas que permitan la participación de los y las integrantes de las familias. Programas de Vivienda
Artículo 17.-	El Estado, a los fines de favorecer la protección familiar promoverá, a través de los consejo comunales, programas para la construcción, remodelación o ampliación de las vivienda dirigidas a los grupos familiares.

LEY PARA PROTECCIÓN DE LAS FAMILIAS, LA MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD

Capítulo III: De la Protección a la Maternidad y la Paternidad

Protección Integral

Artículo 18.-	El Estado desarrollará programas dirigidos a garantizar asistencia y protección integral a la maternidad y a la paternidad, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. Planificación familiar y educación sexual
Artículo 19.-	El Estado atenderá, a través del sistema educativo y el Sistema Público Nacional de Salud, la promoción y difusión de programas sobre derechos y deberes sexuales y reproductivos; y educación sexual dirigidas a niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas.  Estas iniciativas deberán incluir la información y el acceso a métodos y estrategias para la planificación familiar y para el ejercicio de una sexualidad sana y responsable. Servicios médicos para la reproducción asistida
Artículo 20.-	EL ministerio del poder popular con competencia en materia de salud, incluirá dentro de sus unidades asistenciales el servicio de reproducción asistida, dotado del personal especializado, laboratorios y equipos de alta tecnología, dirigidos a mujeres y hombre que presenten limitaciones en su fertilidad con el objeto de garantizar el derecho a la maternidad y a la paternidad.

Presentación por la madre

Artículo 21.-

Cuando la madre y el padre del niño o niña no estén unidos por vínculo matrimonial o unión estable de hecho, que cumpla con los requisitos establecidos en la ley, y la madre acuda a realizar la presentación ante el Registro Civil, deberá indicar el nombre y apellido del padre, así como su domicilio y cualquier otro dato que contribuya a la identificación del mismo. El funcionario o funcionaria deberá informar a la madre que en caso de declaración dolosa sobre la identidad del presunto padre, incurrirá en uno de los delitos contra la fe pública previsto en el Código Penal. En los casos en que el embarazo haya sido producto de violación o incesto, debidamente denunciado ante la autoridad competente, la madre podrá negarse a identificar al progenitor, quedando inscrito el niño o niña ante el Registro Civil con los apellidos de la madre. Con base al derecho a la igualdad y no discriminación y al principio del interés superior de niños, niñas y adolescentes, tal circunstancia en ningún caso será incluida en el texto del acta correspondiente. Acta de nacimiento

Artículo 22.-

Realizada la presentación del niño o niña; el funcionario o

funcionaria competente elaborará inmediatamente el Acta de Nacimiento respectiva.

Dicho funcionario o funcionaria deberá notificar a la persona señalada como padre del niño o niña, dentro de los cinco días hábiles siguientes al acto de presentación, a los fines de que comparezca ante el Registro Civil  a reconocer o no su paternidad, dentro de los diez días hábiles a su notificación.

Los adolescentes de dieciséis años de edad o más tienen plena capacidad para reconocer a sus hijos e hijas. También podrán hacerlo antes de cumplir dicha edad con autorización de su representante legal o, en su defecto, con la del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.  Cuando el señalado padre tenga menos de dieciséis años de edad, deberá intervenir en el presente procedimiento a través de su representante legal.

Notificación

Artículo 23.-	La notificación debe contener: a.    El objeto del procedimiento. b.    La identidad de la madre. c.    La indicación expresa que en caso de no comparecer o comparecer y negar la paternidad, se remitirán las actuaciones a la Fiscalía del Ministerio Público con competencia en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, a los fines de iniciar el procedimiento de filiación correspondiente. La notificación deberá ser realizada personalmente y el funcionario o funcionaria encargado de hacerlo dejará constancia en la copia correspondiente de la plena identificación del notificado, quien firmará la misma.  En caso de negarse a firmar, se entenderá igualmente notificado y el funcionario o funcionaria dejará constancia de ello en el procedimiento. Localización de la persona señalada como padre
Artículo 24.-	En caso que se desconozca el domicilio de la persona señalada como padre, se oficiará de inmediato al Consejo Nacional Electoral (CNE), o a la Oficina Nacional de Identificación de Extranjería (ONIDEX) para que, en un plazo máximo de treinta días continuos, informe sobre su último domicilio a los fines de la notificación. Notificación por cartel
Artículo 25.-	Habiendo transcurrido el plazo previsto en el artículo anterior, sin haberse obtenido información sobre el último domicilio de la persona señalada como padre, se procederá a notificarlo a través de un único cartel que se publicará en un diario de circulación nacional o regional. Los medio de comunicación impresos nacionales y regionales, están obligados como parte de la corresponsabilidad social a publicar el referido cartel en forma gratuita.  El costo de la publicación de los carteles pueden ser deducibles del impuesto por parte de la empresa editora. En caso negativa injustificada del medio impreso a realizar la publicación solicitada, será sancionada con multa de diez unidades tributarias (10 U.T.), a cincuenta unidades tributarias (50 U.T.). Dicha multa será impuesta por la autoridad civil que instruye el presente procedimiento, el cual notificará lo conducente a la autoridad tributaria competente. Lapso para comparecer
Artículo 26.-	En el cartel de notificación se le dará a la persona identificada como padre, un lapso de quince días continuos contados a  partir de la constancia de la publicación del cartel en el expediente respectivo, a fin de que comparezca a reconocer o negar su paternidad. Reconocimiento voluntario
Artículo 27.-	Si la persona señalada como padre comparece ante el Registro Civil y acepta la paternidad se considerará como un reconocimiento voluntario con todos sus efectos legales, dejando constancia del reconocimiento en el expediente y en el Libro de Actas de Nacimiento respectivo.  En este caso, la autoridad civil expedirá nueva Acta de Nacimiento que sustituirá la que fue levantada con

la presentación de la madre, la cual quedará sin efecto.  La nueva acta no contendrá mención alguna del procedimiento administrativo aquí establecido.

En los casos en que un hombre deseare el reconocimiento voluntario de una niña o un niño sin que conste su relación parental en el certificado médico de nacimiento, podrá solicitar ante el Registro Civil la experticia de Ácido Desoxirribonucleico (ADN), cumpliendo con el procedimiento establecido en el presente capítulo, de resultar positiva la experticia, se procederá a redactar el acta de nacimiento dejando Constancio de la identidad del padre.

Experticia para el establecimiento de la paternidad

Artículo 28.-	Si la persona señalada como presunto padre negare la paternidad, se podrá solicitar que se le practique la prueba de filiación biológica de Ácido Desoxirribonucleico (ADN) u otra experticia afín.  En este supuesto, la autoridad civil ordenará lo conducente a los fines que el organismo especializado realice dicha experticia, cuya gratuidad será garantizada por el Estado. En los casos que la persona identificada como presunto padre se negare a realzarse dicha prueba, se considerará como un indicio en su contra. Efectos del resultado de la prueba
Artículo 29.-	Si la experticia para la determinación de la filiación conforma la paternidad se dejará constancia de este hecho en el procedimiento y en el Libro de Actas de Nacimiento, surtiendo todos sus efectos legales y se procederá de conformidad con el artículo 27 de la presente ley.  En estos casos se considerará como un reconocimiento voluntario con todos sus efectos legales. Disconformidad con los resultados de la prueba
Artículo 30.-	En caso de disconformidad con los resultados de la prueba de filiación biológica, la madre o la persona señalada como padre podrán acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Remisión al Ministerio Público
Artículo 31.-	Transcurrido el lapso de comparecencia sin que la persona señalada como padre acuda a aceptar o negar la paternidad, se remitirán las actuaciones al Ministerio Público con competencia en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, a los fines de iniciar el procedimiento de filiación correspondiente.

En los procedimientos de filiación el juez o jueza competente podrá ordenar con carácter obligatorio pruebas de filiación, biológica Ácido Desoxirribonucleico (ADN) y otras experticias pertinentes, las cuales deberán ser garantizadas gratuitamente por el Estado.

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Capítulo V: De la Prevención de los Factores Generadores de Conflictos y Violencia

Intrafamiliar

Protección integral de las familias

Artículo 32.-

El Estado, en sus diversos niveles de gobierno, promoverá y ejecutará programas, proyectos y acciones dirigidos a proteger  a las familias de factores generadores de conflictos y violencia intrafamiliar que afecten la convivencia pacífica, solidaria y respetuosa de sus integrantes. A tales efectos, el ministerio del poder popular con competencia en la materia de desarrollo y protección social, es el órgano responsable de coordinar los planes y programas de los diversos órganos del Poder Público dirigidos a la prevención de los conflictos intrafamiliares, para los cual podrá crear instancias de trabajo y mecanismos para el cumplimiento  de tal propósito, convocando, cada vez que estime necesario, reuniones en todos los espacios del territorio nacional, con el fin de examinar, evaluar y unificar las acciones emprendidas por los diversos entes públicos sobre la materia. El Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el Instituto Nacional de la Mujer, el Instituto Nacional de la Juventud, las misiones sociales y demás entes y programas adscritos a este Ministerio, constituyen la base institucional para el desarrollo de esta política de protección de las familias. Capacitación de f uncionarios y funcionarias

Artículo 33.-

Los funcionarios y funcionarias deberán estar especialmente formados, instruidos

y capacitados en el conocimiento, manejo, y control de factores de riesgo, y situaciones de conflictos intrafamiliar, a los fines de que en su relación con el escenario de la vida familiar, se respete la dignidad de las personas, se garanticen sus derechos humanos y se cumplan estrictamente las formalidades esenciales del procedimiento previsto en la Constitución y la ley.

Papel de los consejos comunales en la educación y promoción de los valores en las familias

Artículo 34.-

Los consejos comunales promoverán actividades de educación, información y sensibilización dirigidas a generar conciencia en las comunidades acerca de la importancia de la paz y la convivencia en el seno familiar, así como la prevención de todo factor, riesgo o amenaza de situaciones de conflictos intrafamiliares para el bienestar de las familias y la propia comunidad.  En este sentido, el Estado conjuntamente con los consejos comunales organizará y desarrollará programas de escuelas para padres y madres, espacialmente dirigidos a las nuevas parejas, con el fin de promover valores de convivencia y métodos de solución de conflictos que fortalezcan la cohesión y funcionalidad de las familias. Educación para el fortalecimiento de las familias

Artículo 35.-

Los ministerios del poder popular con competencia en materia de educación superior y de cultura deberán incorporar en los planes y programas de estudio, en todos sus niveles y modalidades, contenidos dirigidos a promover en las y los estudiantes los valores de igualdad, solidaridad, respeto, tolerancia, autoestima,

compresión, solución pacífica y dialogada de los conflictos y la preparación para una vida familiar con derechos y obligaciones domésticas y responsabilidades sobre las personas bajo su cuidado y, en general, la igualdad entre los hombres y mujeres.

Campañas comunicacionales para prevenir los conflictos y violencia intrafamiliares

Artículo 36.-	El ministerio del poder popular con competencia en materia comunicacional, conjuntamente con los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, deberá diseñar y ejecutar campañas de información destinadas a prevenir los factores generadores de conflictos y violencia intrafamiliar. Programas de atención integral a las familias
Artículo 37.-	El Estado creará un programa de atención integral a las familias, que incluya, entre otros, servicios públicos de conciliación familiar, mediante la utilización de medios alternativos de solución de conflictos. Diseño y ejecución de programas
Artículo 38.-	Los ministerios del poder popular con competencia en materia de desarrollo y protección social, educación, deportes, turismo, salud y economía comunal deberán diseñar y ejecutar los programas establecidos en la presente Ley, en coordinación con las gobernaciones, alcaldías y consejos comunales dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigencia.

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DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.-              Se derogan todas las normas y demás disposiciones que contravengan la presente Ley.

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DISPOSICIÓN FINAL

Única.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada, en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas a los veintiséis días del mes de julio de dos mil siete. Años 197° de la Independencia y 148° de la Federación.

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los diecinueve días del mes de septiembre de dos mil siete. Años 197° de la Independencia y 148° de la federación, en plena Revolución Bolivariana.

Cúmplase,

(L.S.)

HUGO CHAVEZ FRIAS

 Los demás Miembros del Gabinete Ejecutivo.